(El Mundo)
- La gran mayoría eran desalojos de vivienda municipal, pero en cinco casos ha mediado con los bancos
- "La sintonía con las entidades financieras es muy buena desde el principio", dice Higueras
- La Sareb también está colaborando con el Consistorio madrileño
La nueva Oficina de la Intermediación Hipotecaria ha comenzado a dar sus frutos antes de cumplirse los cien días de Gobierno. El Área de Derechos Sociales y Equidad, encabezada por el concejal y primera teniente de alcalde Marta Higueras, ha frenado ya 75 desahucios de familias en riesgo de exclusión social, y está trabajando para encontrar una solución en otros 105 casos.
La gran mayoría (70) se trata de desahucios que se iban a producir en la propia Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), los pisos de propiedad municipal que gestiona el Consistorio. En los otros cinco casos, el Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con los bancos para que las familias se mantengan en las casas.
La Oficina se abrió el 15 de julio tras llegar Ahora Madrid al Gobierno municipal y se encarga de atender a cualquier familia en situación de vulnerabilidad que no pueda pagar la hipoteca y esté en riesgo de ser desahuciada por el banco.
Mediadores del Área se encargan de hacer un estudio socioeconómico de las familias y, tras comprobar que efectivamente se trata de un caso de vulnerabilidad se ponen en contacto con el banco para tratar de encontrar una solución. Dependiendo del caso, los bancos acceden a aplazar deudas y pagos, el Consistorio complementa el dinero que le falta a la familia o incluso se establecen quitas de deuda o intereses.
«Los bancos se están esforzando mucho para llegar a un acuerdo», señala la concejal de Asuntos Sociales, Marta Higueras. «Vamos a intentar todas las medidas para evitar el desalojo, no queremos darle una segunda vivienda a la gente, sino que se queden en la suya. Cuando no podemos hacer nada, ya buscamos una solución», señala Higueras.
En esos casos, y en otras situaciones que se han dado en la ciudad, como familias que se han visto desalojadas por accidentes fortuitos, tanto los bancos como la Sareb, la sociedad de gestión de activos procedentes de la restructuración bancaria, están colaborando para encontrar viviendas que tienen vacías para proporcionárselas a familias en una situación económica de extrema gravedad.
Aunque en un principio, la intención del nuevo Consistorio era que los bancos cedieran viviendas vacías al Ayuntamiento para que éste las gestionara, son las propias entidades bancarias las que hacen los contratos de alquiler social. «Nuestro compromiso ha sido que todas las personas cumplan los requisitos de vulnerabilidad», especifica Higueras. En todos los casos, el importe que destinan al alquiler no supera el 30% de los ingresos totales de las familias y el Consistorio es el que realiza ese seguimiento social de los inquilinos.
La edil asegura que si tras el exhaustivo proceso de estudio fallan en la selección de estas familias, y resultan problemáticas, será el propio Consistorio el que desaloje. «Queremos que los pisos vacíos los ocupen personas vulnerables y nunca conflictivos», precisa la concejala. Aunque en la actualidad se tramitan 105 expedientes en la Oficina de Intermediación Hipotecaria, en estos dos meses se ha atendido a 273 familias, muchas de las cuales acudieron simplemente a hacer consultas.
En ese sentido, asegura que el Ayuntamiento quiere cambiar los estatutos de la EMVS para que la última sigla corresponda a «social» en vez de a «suelo». «Queremos darle a la vivienda ese carácter social y construiremos vivienda social, eso es lo que tiene que hacer la empresa municipal». Además, asegura, el Ayuntamiento estudia revertir la venta de miles de viviendas municipales a fondos buitre en el Gobierno de Ana Botella, pero Higueras advierte que es un proceso que de llegar al Tribunal Supremo puede tardar «entre ocho o diez años».
La Oficina fue una de las primeras medidas del Gobierno de Carmena. Antes incluso de su investidura, la alcaldesa, Manuela Carmena, junto a Higueras, visitó al presidente de Bankia para pedirles ayuda con la vivienda social, y más tarde con los máximos dirigentes del Santander y BBVA. «La sintonía desde el principio ha sido muy buena», asegura Higueras.