La Consejera Delegada de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), María Serrano, y el presidente de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Restructuración Bancaria (SAREB), Jaime Echegoyen, han firmado esta mañana un convenio de colaboración para la cesión de viviendas destinadas a arrendamiento Social.
La Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, han estado presentes en la firma del convenio que ha tenido lugar en el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid.
Se trata de 300 viviendas dentro del municipio de Madrid, que la Sociedad SAREB cede de forma temporal, en usufructo a la EMVS a cambio de una contraprestación mensual por cada una de ellas. Del total de las viviendas, 150 estarán vacías y otras 150 ocupadas por familias con problemas de exclusión social y a las que la empresa municipal se compromete a regularizar su situación actual.
Con este acuerdo de colaboración, ambas partes pretenden contribuir a mejorar la difícil situación de muchos madrileños, que se encuentran actualmente con verdaderos problemas para optar a una vivienda digna.
La EMVS pagará a SAREB 125€/mes para cada una de las viviendas que en el momento de la cesión se encuentren vacías y 75€/mes para aquellas que se encuentren ocupadas, disponiendo de un periodo de carencia para el pago de 3 y 6 meses respectivamente. Además, la EMVS hará frente a otros gastos como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), cédulas de habitabilidad, Certificados de eficiencia energética etc.
Por su parte, la SAREB se hará cargo de la cobertura de los seguros de las viviendas, gastos de comunidad y aquellas reparaciones necesarias que tengan un carácter extraordinario. La EMVS pagará a la SAREB un alquiler de 125€ en 150 viviendas libres cedidas.
El presidente de SAREB, Jaime Echegoyen, ha explicado que no esperan "grandes beneficios" porque se trata de aportar su "pequeño grano de arena a la solución de un problema social que deriva de la crisis fundamentalmente y que es de carácter permanente".
Durante los 8 años de vigencia de este convenio de colaboración, la EMVS gestionará de forma directa estas viviendas destinándolas a un alquiler social, conforme a la normativa vigente. En este sentido, la empresa municipal seleccionará a los beneficiarios con arreglo a criterios de necesidad social establecidos en los diferentes programas sociales de vivienda y, cuyas rentas no superarán en ningún caso, el 30% de los ingresos familiares.
En cuanto a las viviendas ocupadas, la consejera delegada de la EMVS, María Serrano, ha manifestado que "detrás de cada puerta hay un problema distinto, que va a ser analizado por los Servicios Sociales de la empresa municipal y se tomarán las decisiones que corresponda". Sí ha remarcado que el Ayuntamiento "no va a desahuciar sino a analizar" cada caso. "No vamos a permitir la patada en la puerta ni los alquileres ilegales que se hacen por mafias pero detrás de cada puerta hay un problema y una necesidad que se va a estudiar", ha expuesto Serrano. "Somos servicios sociales, habrá que dar una solución a los vecinos", ha remachado.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, presente en el acto, ha recordado que llevaban trabajando en este convenio desde julio. "La política del Ayuntamiento es hacer posible que todo el mundo tenga una vivienda, que nadie se quede en la calle por no haber podido pagar sus rentas, sus cuotas hipotecarias, que siempre haya un recurso habitacional", ha defendido.
Nueva filosofía en la EMVS
La EMVS ha cambiado su filosofía y dirige sus actuaciones hacia los colectivos más desfavorecidos con nuevas ideas y proyectos que sirvan para solucionar el problema de la vivienda en la ciudad de Madrid. La reorientación de la política municipal de vivienda apuesta por incrementar el parque público en alquiler, eliminando la venta y arrendamiento con opción a compra.
En diciembre del año pasado se realizó la primera adjudicación en alquiler de la legislatura: 403 viviendas de las que 324 fueron en régimen de arrendamiento general y 79 dentro del programa de arrendamiento para jóvenes.
Un cambio conceptual en el que afectados y afectadas por los desahucios, la violencia de género, los mayores en exclusión social o familias vulnerables se convierten en colectivos prioritarios a la hora de buscar soluciones habitacionales. Prueba de ello es que se priman los alquileres sociales que nunca supondrán más del 30% de los ingresos.
En definitiva, se recupera el carácter público de la empresa desde la concepción de la vivienda como un derecho social, tal y como lo concibe la delegada Marta Higueras que preside el Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Para la primera teniente de alcalde es imprescindible trabajar para que "la vivienda sea, de facto, un derecho social.
La línea es conseguir que las familias madrileñas más vulnerables puedan acceder a viviendas dignas con rentas adaptadas a sus ingresos y vamos más allá estableciendo el acompañamiento social necesario para lograr un desarrollo personal".
